CRÓNICA DE UNA CRISIS ANUNCIADA, LA SALUD EN JAQUE EN COLOMBIA
El último Gobierno en Colombia que dejó las arcas del Estado
en condiciones más o menos favorables fue el de Uribe Vélez. Durante los dos períodos
que gobernó tuvo una conducta de austeridad en los gastos y gestión de la
seguridad en el territorio. Aunque esto no se reconoce hoy en día, ya que la
figura de Uribe ha sido relacionada con los paramilitares, que en un comienzo
fueron un grupo llamado las Convivir, que nacieron como una estrategia para que
particulares, entre ganaderos, autodefensas campesinas y quienes podían pagar su
protección ante la acción de las guerrillas. Cito el siguiente apartado,
publicado en https://www.comisiondelaverdad.co/
«Esta iniciativa se convirtió en un arma de doble filo
para el Gobierno ya que, al permitir la creación de unidades privadas de
seguridad con acceso a información y armas, los grupos de Autodefensas
existentes crearon diversas Convivir en zonas del país con intereses
particulares, fortaleciendo así durante estos años sus organizaciones. Este
fenómeno junto con las organizaciones de Autodefensas existentes desde los años
80 y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, lideradas por los hermanos
Castaño, serán las bases a partir de 1997 de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC)» (Informe 748-CI-00812, Ejército Nacional de Colombia, «Análisis
sobre el fenómeno de las autodefensas en los territorios desde la perspectiva
del Ejército Nacional», 61).
Siendo senador de la República, Uribe fue el promotor de la
Ley 100, la que posteriormente se convirtió en ley, que incluía medidas para mejorar
la cobertura en salud de los colombianos, que hasta antes del año 1993 estaba
en un deplorable 24%. (hoy según el Gobierno de Petro está en un 65%). Dicha
Ley acogió a los familiares de los cotizantes: padres, hijos o cónyuge según el
caso. El Gobierno autorizó la creación de las empresas promotoras de salud
(E.P.S.) y otras instancias como el Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (S.I.S.B.E.N.) para invertir en programas
sociales y cubrimiento de la salud de personas de los estratos sociales más
bajos, con un pago mínimo. Se estableció de esta manera un cubrimiento en salud
de cotizantes y no cotizantes que eran subvencionados por dichos programas. Para
cubrir el faltante del pago en la atención en salud, el Gobierno instituyó un
pago por capitación en salud, que corresponde al pago anual que hace Gobierno a
las E.P.S. por cada usuario en salud.
En su momento, fue un gran avance para los colombianos, con
el paso del tiempo el sistema ha sufrido problemas que tienen que ver con la
corrupción y el mal manejo de las E.P.S., pero también con una mala proyección en
cuanto al crecimiento de la población, a la falta de control efectivo de los
gastos y al poco crecimiento de las cotizaciones que representarían mayores
ingresos al sistema de salud por tener un trabajo formal, o sea, con contratos laborales
que permitan obtener nuevos recursos y sostener particularmente los costos de
la salud, los que han aumentado las cifras de gasto durante años en el presupuesto
nacional.
En el Gobierno de Juan Manuel Santos se hicieron mejoras en
la cobertura y en la calidad de la prestación de los servicios de salud,
unificando las condiciones para todos los usuarios, además de trabajar en la
regularización de los precios de los medicamentos. Sin embargo, anunciaba que
el sistema de salud en Colombia estaba en una profunda crisis, al terminar su
mandato en 2018.
Durante el Gobierno de Duque, con la pandemia, se realizaron
todas las acciones para minimizar las muertes y hubo una atención que, en su
justa medida, conjuro de alguna manera, la peor tragedia que ha sufrido
Colombia y el mundo entero en los últimos siglos. Estas acciones requirieron de
un endeudamiento mayor para responder positivamente al problema. El Ministerio
de Salud autorizó pagos a las entidades prestadoras de salud que atendían a los
pacientes infectados por el coronavirus (COVID 19). Aunque no está probado,
hubo una universalización de las causas de muerte de pacientes durante la
pandemia, no hubo autopsias certificadas en todos los casos para determinar
legalmente la causa de las muertes. No todos los pacientes que ingresaban a
urgencias lo hacían por sospecha de COVID, sin embargo, muchas de las muertes
se certificaron como derivadas del mismo, durante este período.
Cada Gobierno recibe problemas que no se pudieron solucionar
en los anteriores. Es deber de cada mandatario asumir las situaciones y
trabajar en pro del mejoramiento de las grandes problemáticas que aquejan a
nuestro país. Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, ha despotricado
de los Gobiernos Uribe y Duque, pero no así de Santos, quien había sido su
aliado, hasta hace muy poco, pero que ha tomado distancia tras los desafortunados
trinos, implicaciones y actitudes que ya son el pan de cada día de Petro.
Desde que se implantó el sistema de salud actual ha habido
numerosos problemas que van desde la negación de la atención de una emergencia
hasta la muerte por no entregar los medicamentos necesarios para los
tratamientos médicos. Este sistema de salud ha entrado en una fase de no
retorno, muchas E.P.S. han sido intervenidas, unas pocas por el gobierno
anterior y el grueso de estas entidades por el actual, ya que, según
investigaciones, han hecho inversiones que no tienen que ver con la prestación
del servicio de salud, poniendo en peligro la situación de los usuarios en
cuanto a la cobertura que se requiere y para el normal desarrollo o continuidad
de los tratamientos médicos ya que se ha agudizado el problema en la cadena de
suministros de medicamentos, fase que cumplen otras entidades asociadas al
sistema de salud.
Hay una suprainformación por parte del Gobierno y por parte
de las organizaciones privadas de las cadenas de suministros de los
medicamentos. El primero, dice que ha pagado cumplidamente, en las
intervenciones del Concejo de ministros, con presidente a bordo; sesiones que
últimamente son presentadas en varias cadenas televisivas, quitando el espacio
a los televidentes que habitualmente ven otros programas. Situación que emulan los
abultados programas televisivos de los Gobiernos de Cuba y de Venezuela. Los
segundos, hablan en canales radiales y televisivos informando el No pago por
parte del Gobierno, lo que afecta la entrega oportuna a los usuarios.
Es deber del Gobierno de turno trabajar por el mejoramiento
de las condiciones de salud de todos los colombianos, pero no socavar lo que ya
ha estado funcionando, bien que mal, en todo este tiempo. No debe destruir lo
que durante tantos años se ha hecho y se ha mejorado. Si las E.P.S. no tienen
cobertura universal, el Gobierno debe proveer dichas condiciones favorables en
zonas tan complicadas como el Catatumbo y otros territorios en los cuales no ha
habido control ni de este Gobierno ni de los anteriores, territorios que,
además, se han visto más perjudicados por las propuestas de “paz total” que la
Izquierda ha convocado desde antes de ser elegido este mandato, pero que para
muchos se traduce en “impunidad total” por tantos hechos de violencia que se
repiten y han aumentado en los últimos 2 o 3 años.
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